Los empleados que denuncian irregularidades en su empresa (“whistleblower”) cuentan con una protección especial que evita ciertas medidas empresariales.
La proliferación de programas de compliance han extendido la figura anglosajona del whistleblower, es decir, el empleado que denuncia las irregularidades que pueda conocer por el desempeño de su puesto. Se refiere a cualquier situación tanto interna como externa de la empresa. Esto implica que se puede denunciar a un compañero que comete un robo como si mi empleadora participa en tráfico de influencias.
Esta protección ha sido confirmada en una sentencia de 2 de abril de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la Fundación del Instituto de Investigación la Fe contra el fallo del Juzgado de lo Social número 10 de Valencia, de 17 de septiembre.
En este caso, el empleado había denunciado ante la fiscalía y por otros medios irregularidades en la fundación, siendo posteriormente despedido. El despido se ha considerado nulo por vulnerar el derecho fundamental a la indemnidad y el empleado ha vuelto a su puesto de trabajo.
La garantía de indemnidad protege a los empleados que denuncian irregularidades o que son objeto de represalia por defender sus derechos. Los programas de compliance empresariales tienen que contener procesos de protección de aquellos empleados que denuncian hechos, así como de medidas disciplinarias para quien los denuncien con intención fraudulenta.
